Mientras el Gobierno Nacional mantiene firme su decisión de cerrar el Hogar de Ancianos Eva Perón de Burzaco, el Municipio de Almirante Brown y el Concejo Deliberante local buscan dar pelea desde el territorio. En las últimas horas, se presentó un proyecto para incorporar el edificio al Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico, en un intento por frenar su desmantelamiento.
La iniciativa, impulsada por el bloque de Fuerza Patria y respaldada por el oficialismo local, propone declarar al complejo como bien de valor histórico, cultural, social y arquitectónico, lo que lo protegería bajo normativa municipal y pondría un freno legal a cualquier acción que intente su demolición .
La situación del Hogar Eva Perón no es un caso aislado. Forma parte del ajuste generalizado del Gobierno Nacional sobre las políticas de cuidado y asistencia social. El cierre de esta institución, con más de 75 años de historia, no fue consultado ni consensuado con autoridades locales, y amenaza con dejar en la calle a más de 25 adultos mayores, muchos de ellos con enfermedades crónicas y sin redes familiares.
“Inexplicablemente el Gobierno Nacional quiere cerrar un hogar que funciona, que tiene residentes y que cumple un rol fundamental en el cuidado de nuestros adultos mayores”, sostienen desde el Municipio.
Fundado en 1948, el Hogar Eva Perón de Burzaco es el único de los cuatro hogares para adultos mayores construidos durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón que aún continúa activo. No solo se mantiene operativo, sino que conserva su estilo arquitectónico original, lo que refuerza su valor patrimonial.
Ante esta situación, el intendente Mariano Cascallares solicitó formalmente el traspaso del hogar a la órbita municipal para garantizar su continuidad. “Desde el Municipio estamos dispuestos a hacernos cargo de esta querida institución, pero necesitamos la autorización de Nación”, expresó.
La iniciativa del bloque de Fuerza Patria que se debate en el Concejo Deliberante busca dar una respuesta institucional ante la falta de diálogo por parte del Ejecutivo nacional. Al declararlo patrimonio, el inmueble quedaría alcanzado por normativas locales de preservación que impiden su modificación o cierre sin intervención del Municipio.
Además, se apela a un principio básico: el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos de las personas mayores, especialmente cuando se trata de un espacio que históricamente funcionó como refugio y contención para quienes más lo necesitan.
