Padres y vecinos de la comunidad educativa  del distrito denuncian y reclaman una urgente solución  a la ola de amenazas  que viene afectando a al menos cinco instituciones educativas desde hace casi  seis meses y se ha incrementado  en las últimas semanas a tal punto que los llamados de “ amenaza de bomba” son a diario.

Sumado a los problemas de inseguridad que atraviesa el municipio esta situación genera preocupación en toda la comunidad educativa que  reclama respuestas y acciones concretas que garanticen un ambiente escolar seguro y libre de interrupciones.

Las amenazas se concentran en las escuelas ubicadas en la calle Ituzaingó al 1700 y sus alrededores, incluyendo la EP 6, la Secundaria N° 28, Francisco Ramírez, Alfonsina Storni y el Jardín Rosario Vera Peñaloza. Estas instituciones han visto sus actividades interrumpidas repetidamente, afectando seriamente la continuidad educativa de los alumnos.

Recientemente, padres de la EP 6 se concentraron frente a la escuela para visibilizar su preocupación y exigir una investigación exhaustiva que identifique a los responsables de estas amenazas. A pesar de que los protocolos de seguridad se han cumplido en cada ocasión, incluyendo la intervención de la brigada antiexplosivos de la policía, los padres critican la falta de medidas concretas para frenar esta situación. “Las amenazas de bomba han sido constantes y los alumnos no han podido completar una jornada escolar normal de cuatro horas consecutivas en mucho tiempo. Ya perdimos la cuenta de cuántas amenazas hubo este año. Los papás ya estamos cansados”, expresó una madre.

El impacto de estas amenazas va más allá de la interrupción de las clases. Los padres señalan que, en cada evacuación, los estudiantes, incluidos los niños más pequeños del jardín maternal, deben esperar a la intemperie, muchas veces en condiciones climáticas adversas. «Con este frío tienen que estar a la intemperie», lamentó una madre, refiriéndose a la situación que viven los alumnos en la plaza cercana a las escuelas mientras esperan que los operativos de seguridad concluyan.

El protocolo que se aplica ante una amenaza de bomba implica la evacuación de todo el edificio educativo por parte de bomberos y defensa civil con la colaboración  del Sistema de Emergencias del municipio y la división de explosivos de la Policia que es quien se encarga de la inspección del edificio en búsqueda de un artefacto explosivo, con el resultado negativo los alumnos regresan al establecimiento