La Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su profunda preocupación ante una serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional que representan un grave retroceso en los derechos de las personas con discapacidad. En este marco, Facundo Mancebo, Defensor del Pueblo de Lanús e integrante de la Comisión Directiva de ADPRA, advirtió que “es indispensable que el Estado garantice una protección real, efectiva y respetuosa para las personas con discapacidad, especialmente frente a decisiones que restringen derechos y profundizan desigualdades”.

La principal crítica de ADPRA se centra en el Decreto 843/2024, que reinstala un enfoque médico-rehabilitador considerado obsoleto y contrario al paradigma de derechos establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según explicaron, esta normativa condiciona el acceso a beneficios sociales a la inexistencia de familiares obligados a prestar alimentos y mantiene criterios restrictivos para determinar la incapacidad laboral, lo cual atenta contra los principios de autonomía e inclusión.

Otro de los puntos señalados por la Asociación es la Disposición 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que —a pesar de algunas modificaciones— continúa con una mirada reduccionista basada en criterios médicos y alejada del enfoque de derechos humanos.

ADPRA también denunció la implementación de auditorías masivas sin mecanismos accesibles ni información clara, lo que ya provocó la suspensión injustificada de pensiones a personas en situación de alta vulnerabilidad. A ello se suma la falta de articulación institucional, la inaccesibilidad del Certificado Médico Digital y el cierre de oficinas territoriales, lo que dificulta el acceso a derechos básicos.

Mancebo hizo especial hincapié en el impacto que estas políticas pueden tener en niñas, niños y adolescentes con discapacidad: “Se trata de un grupo doblemente vulnerable que requiere medidas reforzadas de protección y no nuevas barreras”.

Ante este escenario, ADPRA exige la derogación del Decreto 843/24, la restitución de la compatibilidad entre pensiones y empleo formal, la reapertura de oficinas territoriales, la normalización de los sistemas de atención, y la adopción de políticas activas que garanticen un trato digno, sin discrimin