La crisis laboral que atraviesa la línea 148 sumó un nuevo capítulo y volvió a poner en alerta a trabajadores y usuarios del sur del conurbano. Empleados de la empresa Misión Buenos Aires denuncian que, en medio del reclamo por la reincorporación de 49 trabajadores despedidos, se estarían produciendo presiones internas para generar informes sobre el desempeño de choferes que podrían derivar en sanciones disciplinarias.

Según plantean los trabajadores, la situación generó un clima de fuerte tensión dentro de la empresa. También cuestionan las condiciones en las que desarrolla sus tareas el personal de inspección, que —de acuerdo con las denuncias— permanece durante extensas jornadas expuesto a la intemperie, sin baños disponibles en algunos puntos y bajo un sistema de seguimiento permanente mediante GPS.

Pero el conflicto no se limitaría a la situación laboral. Los trabajadores aseguran que la empresa analiza modificar la prestación del servicio y eliminar recorridos considerados poco rentables. Entre los ramales que estarían bajo análisis aparecen especialmente los que conectan distintos sectores de San Francisco Solano, una situación que podría impactar en miles de pasajeros de Quilmes y Florencio Varela.

Además, denuncian que recorridos que ya contaban con autorización nunca llegaron a ponerse en funcionamiento y que, con el paso del tiempo, se produjo una reducción de las frecuencias, especialmente durante la noche.

La línea 148 atraviesa una situación compleja desde la crisis y posterior salida de El Nuevo Halcón, que dejó de operar tras meses de conflictos económicos y laborales. En abril, la prestación fue retomada bajo la órbita de La Central de Vicente López, que opera comercialmente como Misión Buenos Aires, luego de un acuerdo con la Secretaría de Transporte y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El esquema contempló la continuidad del servicio y de cientos de puestos de trabajo, pero los conflictos laborales reaparecieron pocas semanas después.

En mayo, una medida de fuerza volvió a paralizar la línea por reclamos vinculados a salarios, condiciones laborales e infraestructura en las cabeceras. La Secretaría de Trabajo dictó entonces la conciliación obligatoria y ordenó retrotraer la situación, incluyendo la suspensión de los despidos y la continuidad de las tareas. Sin embargo, desde el sector gremial sostienen que el conflicto continúa abierto y que ahora podrían profundizarse las medidas si no hay respuestas.

La preocupación también alcanza a los usuarios, que temen que una eventual reducción de ramales o frecuencias complique aún más la conexión entre Quilmes, Solano, Florencio Varela y Constitución.

Por el momento, los trabajadores aguardan una respuesta de la empresa y advierten que, si no se alcanza un acuerdo, el conflicto podría volver a afectar la normal prestación del servicio.