La situación del Cottolengo Don Orione de Claypole encendió señales de alarma en Almirante Brown. La histórica institución, que alberga y asiste a 400 personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, atraviesa una crisis económica y sanitaria que pone en riesgo la continuidad de sus servicios.
La preocupación volvió a tomar visibilidad tras la reunión que mantuvo el diputado e intendente en uso de licencia Mariano Cascallares con autoridades del establecimiento, donde se expuso un cuadro crítico: atraso en pagos por prestaciones de salud, demoras en transferencias de PAMI y pensiones no contributivas, falta de actualización arancelaria y serias dificultades para afrontar salarios.
Pero el problema no es nuevo. Ya en marzo, la institución había advertido que la falta de recursos comprometía no solo el funcionamiento cotidiano sino también cuestiones esenciales como alimentación, transporte, servicios básicos y tratamientos médicos. Uno de los puntos más graves denunciados fue la interrupción en la provisión de medicación para residentes a través de Incluir Salud, lo que elevó la preocupación sanitaria.
El Cottolengo, además, sostiene una Escuela Especial con 100 alumnos y un Centro Educativo Terapéutico con 30 concurrentes, mientras más de 300 trabajadores —algunas fuentes mencionan 360— también ven amenazada su estabilidad laboral.
La crisis se inscribe en un conflicto más amplio que atraviesa a prestadores del sistema de discapacidad en el marco de la Ley 24.901. Desde el sector denuncian que los atrasos y el desfinanciamiento ponen al borde del colapso a múltiples instituciones que cumplen un rol social irremplazable.
Durante el encuentro en Claypole, autoridades del Cottolengo solicitaron acompañamiento político e institucional para encontrar respuestas urgentes. Cascallares planteó la necesidad de articular soluciones para sostener una institución emblemática para la región y resguardar los derechos de sus residentes.
La advertencia es contundente: sin respuestas inmediatas, el deterioro financiero podría afectar directamente la atención, la inclusión y la calidad de vida de cientos de personas. En el sur del conurbano, la emergencia en discapacidad ya dejó de ser una advertencia para convertirse en una crisis concreta.