Unos 20 internos del Centro de Recepción de Menores de Lomas de Zamora resultaron con principio de asfixia como consecuencia de dos incendios intencionales provocados en las últimas horas para protestar contra las condiciones de detención y el traslado a otras dependencias.

Los incendios ocurrieron anoche en el edificio ubicado en 12 de Octubre y Larroque, y fueron provocados por los propios internos que reclaman por traslados y las condiciones de detención.

 El primero comenzó cerca de las 20.30  en el módulo 3 y una hora más tarde el fuego  se extendió a otro de  los pabellones  del predio  del Centro de Recepción Penal Juvenil pero rápidamente los bomberos de la zona se hicieron presentes logrando apagar el inicio del fuego.

Desde los Tribunales de Lomas de Zamora precisaron que no hay heridos de gravedad, pero los 70 internos fueron sometidos a exámenes para determinar su estado de salud, en especial a los chicos que estaban en uno de los módulos que se prendió fuego, quienes presentaban principio de asfixia.

 

EL RECLAMO

Las malas condiciones de infraestructura y de salubridad sumados a las violaciones de los derechos de los jóvenes que se alojan en el Centro  Penal es una situación que desde hace tiempo viene denunciando la propia justicia y los organismos de derechos humanos.

En noviembre último el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Isabel Ación, había ordenado la clausura total del Centro con expresa prohibición de alojamiento, según había informado la Comisión Provincial por la Memoria expresando su preocupación  “por el estado de desprotección absoluta y la vulneración sistemática de los derechos a la que son sometidos los jóvenes alojados en instituciones de encierro en la provincia de Buenos Aires”.

“Las condiciones de detención de este centro, descriptas en el hábeas corpus presentado por el agente fiscal Pablo Rossi y que motivaron la decisión judicial, no constituyen una excepción sino que -como ha venido denunciando la CPM- son el rasgo dominante de una política general de promoción y protección de derechos para niñas y niños cuyo principal responsable es el Estado provincial y que en el último año tuvo, entre sus consecuencias lamentables, la muerte de dos jóvenes”, sostuvo el organismo en ese momento.

El hábeas corpus del fiscal Rossi describía con detalle las violaciones a los derechos humanos que sufrían los jóvenes alojados en el Centro, y que desde el año 2010 han sido motivo de reiteradas intervenciones por parte de la CPM a través del trabajo del Comité contra la Tortura.

 
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