La reciente disolución del programa PRO.CRE.AR, anunciada por el Gobierno Nacional generó preocupación entre los beneficiarios del programa y la sociedad en general. Facundo Mancebo, defensor del pueblo de Lanús y miembro de la comisión directiva de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se ha pronunciado sobre el impacto de esta medida, instando al gobierno a tomar acciones concretas que den respuesta al grave déficit habitacional que atraviesa el país.

El PRO.CRE.AR fue creado con el objetivo de ofrecer soluciones de acceso a la vivienda, en un contexto marcado por un déficit habitacional que supera los 3,5 millones de viviendas, según cifras oficiales. Sin embargo, el Gobierno justificó su decisión de disolver el programa al considerar que no fue suficiente para reducir dicho déficit. Según un informe gubernamental, las políticas implementadas no lograron generar un impacto significativo. A lo largo de su existencia, se entregaron en promedio 1.700 viviendas anuales y se otorgaron 12.000 créditos, muchos de ellos para complementar otros préstamos. Esto pone de manifiesto las limitaciones del PRO.CRE.AR en cuanto a la magnitud de las necesidades habitacionales del país.

Ante esta situación, la ADPRA, a través de una nota presentada al Gobierno, solicitó una urgente intervención en la problemática que afecta a los beneficiarios del Programa Procrear II, un segmento que abarca a miles de familias que confiaron en el proyecto como la solución a su problema habitacional. En su respuesta, el Gobierno propuso una alternativa: transformar los créditos hipotecarios en préstamos personales, con una tasa de interés del 0% y sin garantías hipotecarias. Aunque esta medida fue aceptada por el 63% de los beneficiarios, según el Ministerio de Economía, no todos los afectados ven en ella una respuesta adecuada a sus expectativas.

Mancebo expresó su preocupación sobre las consecuencias de esta resolución para las familias que depositaron su confianza en el programa. En declaraciones recientes, el defensor del pueblo local señaló que «el acceso a la vivienda no puede depender exclusivamente del mercado», haciendo hincapié en la necesidad de que el Estado asuma un rol protagónico en la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos habitacionales de los ciudadanos.

El déficit habitacional en Argentina sigue siendo uno de los problemas más graves y persistentes. Según expertos, la falta de soluciones efectivas y sostenibles por parte del Estado contribuye a un agravamiento de la situación, con miles de familias viviendo en condiciones precarias o sin acceso a una vivienda propia. En este contexto, la ADPRA considera que es imperativo que el Gobierno redoble los esfuerzos y diseñe un plan integral que no solo abarque créditos hipotecarios o préstamos personales, sino que también contemple la construcción de viviendas y la generación de soluciones habitacionales a largo plazo.

Mancebo destacó que, si bien el PRO.CRE.AR representó un intento por mejorar el acceso a la vivienda, la falta de un plan coherente y la limitada cantidad de viviendas entregadas evidencian la insuficiencia de las políticas implementadas. Para él, el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda de manera plena, sin depender de los vaivenes del mercado inmobiliario, que muchas veces resulta inaccesible para las familias más vulnerables.

La disolución del PRO.CRE.AR ha puesto de manifiesto la urgencia de replantear las políticas habitacionales en Argentina. Mientras tanto, la ADPRA continuará exigiendo medidas que aseguren el acceso a la vivienda como un derecho fundamental y que ofrezcan respuestas concretas y efectivas a las familias afectadas por la disolución del programa.