En medio de una creciente tensión con los intendentes municipales, la Secretaría de Comercio, encabezada por Pablo Lavigne, está avanzando en una resolución que prohibirá la inclusión de tasas municipales en las facturas de servicios públicos como la luz y el gas. Esta medida, que se espera se publique en los próximos días en el Boletín Oficial, busca aliviar la carga tributaria que muchos consumidores y empresas han denunciado como excesiva.
Las tasas municipales son contribuciones que los ciudadanos y las empresas deben pagar en contraprestación por servicios prestados por los municipios, como el alumbrado, barrido, limpieza (ABL) y seguridad e higiene, entre otros. Sin embargo, el gobierno central argumenta que algunos intendentes han utilizado estas tasas de manera arbitraria, incrementando los costos en las boletas de servicios públicos con fines recaudatorios.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado esta decisión tras recibir denuncias de grandes cadenas de supermercados y mayoristas que señalaron una elevada carga tributaria en varias comunas, particularmente en municipios de la provincia de Buenos Aires. “Estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre”, afirmó Caputo, refiriéndose a los intendentes que, según él, «esconden» sus aumentos en las boletas de servicios esenciales como la luz y el gas.
Uno de los puntos más polémicos de este debate es el impacto que las tasas municipales tienen en la economía. El gobierno nacional, en particular Caputo, ha sido tajante al señalar que la suba de estos impuestos no solo afecta el costo de vida de los ciudadanos, sino que también obstaculiza el plan económico del gobierno, que está enfocado en reducir la inflación. “Estas tasas no solo son excesivas, sino que también repercuten en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que provoca un aumento en los precios que pagan los consumidores”, subrayó el ministro.
El conflicto también ha crecido con declaraciones cruzadas entre intendentes, como en el caso de Julián Álvarez, intendente de Lanús, que ha defendido los aumentos de tasas en su municipio, argumentando que son necesarios para mantener los servicios esenciales en tiempos de alta inflación. Sin embargo, desde el gobierno nacional insisten en que este tipo de medidas no pueden trasladarse a facturas de servicios públicos, y buscan regular su inclusión para evitar abusos.
La resolución que publicará la Secretaría de Comercio establecerá que las tasas municipales no podrán incluirse en las boletas de luz y gas, como parte de un esfuerzo por aumentar la transparencia en la facturación de servicios públicos y limitar la capacidad de los municipios para utilizar estos mecanismos como fuentes adicionales de recaudación. De acuerdo con el ministro Caputo, las tasas “deben estar directamente relacionadas con un servicio efectivamente prestado” y deben guardar una “proporción razonable” con los costos reales de esos servicios.
Este conflicto pone en evidencia las tensiones entre los municipios y el gobierno nacional sobre la gestión fiscal y la recaudación de impuestos, en un contexto donde los intendentes buscan incrementar sus recursos mientras el Ejecutivo intenta controlar la inflación y proteger a los consumidores.
